El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandro Martínez Bermúdez, presentó iniciativa que considera necesario y urgente derogar el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Morelos, para no revictimizar a las personas que padecen de alguna enfermedad grave en periodo infectante, en particular quienes viven con VIH, que no sean discriminadas por ello y a su vez limitados en su actuar del día a día entre la sociedad.
“Hoy alzo la voz en la máxima tribuna del estado, para exigir el respeto a los Derechos Humanos, decir basta a la discriminación, basta a la doble revictimización, basta a la injusticia, y sí a una educación sexual libre, a una justicia congruente, en especial brindo mi respaldo como diputado y como parte del partido Morena a un sector vulnerable, que lucha día a día para tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, mi apoyo a la comunidad de diversidad sexual”, apuntó.
Ante integrantes de la comunidad de la Diversidad Sexual del estado de Morelos, que atestiguaron la sesión, el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recordó que la derogación del artículo en comento fue una de las demandas durante la más reciente Marcha del Orgullo Gay, mientras que en la Ciudad de México actualmente se busca eliminar el delito de “peligro de contagio”, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Expuso que el artículo 136 “sin duda incita a la discriminación entre la sociedad morelense, principalmente para las personas que padecen de una enfermedad grave en periodo infectante, ya que deben de vivir con el miedo de ser rechazados o con la incertidumbre de poder cometer un delito y con ello los limita a realizar diversas actividades para tener un desarrollo de calidad”.
Al presentar su propuesta, que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Martínez Bermúdez explicó que, para quienes viven con VIH, este tipo penal representa una visión represora de la sexualidad, adelantando un castigo por el mero peligro. No obstante, sancionar penalmente el mero peligro, con base en un prejuicio obedece a un derecho penal ajeno al paradigma de los derechos humanos de nuestro país, y contrario al principio de dignidad.
