Durante la presentación del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021, que rindiera Raúl Israel Hernández Cruz; presidente de la de la Comisión Estatal de Derechos Humano del Estado de Morelos (CDHM).
El diputado Julio César Solís Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso; refirió que “se ha buscado una reforma constitucional para cambiar la figura de readaptación social a reinserción social; a fin de buscar y cumplir con el objeto de dicha evolución y transformación del sistema”.
Por lo tanto, se pugnará para que se asignen mayores recursos “no sólo al área de seguridad pública; sino para que también; éstos lleguen a la autoridad encargada del sistema carcelario”. El diputado consideró que “para lograr la reinserción social el tratamiento del interno debe ser individual, eficiente y acorde al perfil y delito”; y la responsabilidad del Estado es considerar siempre la contratación de personal competente para lograr el cometido de las reformas, porque en contrario; “todo tratamiento se descontinúa por la sobrepoblación que se atiende en el interior del penal y el resultado es una política penitenciaria fallida”.
Asimismo, el diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Atención a Víctimas del Congreso de Morelos; consignó de manera específica que el Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021; reveló resultados que “dejan al descubierto las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. Reiteró que es evidente que en Morelos “no se cumple con la reinserción social, ya que como demostró el informe; no se otorga a las personas privadas de su libertad, las herramientas y mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad de una forma productiva”.
Por su parte, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHM, reafirmó su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos; e hizo un exhorto a las autoridades de reinserción social para que cumplan con las medidas precautoria; las recomendaciones y las solicitudes emitidas por este organismo público autónomo. Además de un llamado a la sociedad para generar conciencia de que las personas privadas de su libertad; siguen siendo “sujetas de derechos humanos y merecen la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida”.